La nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, propone la resolución de conflictos por sistemas de justicia alternativa entre particulares en asuntos civiles y familiares, sin la intervención de una autoridad. La entrada en vigor de esta ley podría beneficiar las condiciones de crédito para solicitantes y otorgantes, ya que acortaría el tiempo de solución para conflictos de años a pocos meses. Según la firma de consultoría financiera TMSourcing, esta ley podría brindar condiciones que reducirían los riesgos y costos asociados a procesos legales, permitiendo a diferentes intermediarios financieros reducir los costos de sus créditos hasta en un 1 o 2%. Esto beneficiaría especialmente a las pequeñas empresas y a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). Adolfo González, presidente de TMSourcing, destacó que la mediación para controversias en créditos no solo reduciría los costos, sino que también impactaría positivamente en la liquidez de las entidades financieras y en la recuperación de préstamos vencidos. González sugirió que las áreas jurídicas y de cobranza de los intermediarios financieros deberían ajustar sus estrategias legales para enfocarse en la prevención y evitar llegar a los tribunales. La nueva ley se compone de 144 artículos y 17 transitorios, especificando mecanismos alternativos para la solución de controversias. Establece un órgano rector en políticas públicas para estos mecanismos y fue remitida al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además de los beneficios para los actores del mercado financiero, se espera que esta normativa brinde mayor certeza a los inversionistas mexicanos y extranjeros, lo que podría resultar en una mejora en las perspectivas del riesgo crediticio y en la calificación de las entidades financieras. Fuente: El Economista