Las actividades ilegales producto del crimen organizado, suman ganancias anuales de más de 2 billones de dólares, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y, si añadimos que la mayoría de las transacciones se hacen en efectivo, el lavado de dinero se vuelve un gran negocio.
En México las empresas se encuentran actualmente ante la necesidad de fortalecer el control de riesgos. Contar con un área de auditoria interna o control de riesgos para que a través de ella se evalúen y verifiquen los riesgos fortaleciendo sus reglas, políticas, estándares, estrategias, costos, seguridad y verificación de las diversas disposiciones legales y reglamentarias; se ha convertido en una necesidad crítica para las compañías para evitar caer en riesgos.
La ONU detalló que en México se blanquean entre 25,000 millones y 62,000 millones de dólares al año, con un promedio estimado de 50,000 millones, lo que coloca al país en el tercer lugar a nivel mundial en este delito.
Recientemente se expidió en el país el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, mediante el cual el delito de lavado de dinero dejó de ser considerado un ilícito eminentemente fiscal y paso a formar parte de la legislación punitiva mexicana. A su vez que, en septiembre pasado, el Senado aprobó la defraudación fiscal, facturación falsa o inexistente y empresas fantasmas, como delitos cometidos por el crimen organizado, por lo que dichos actos ya son considerados como amenaza a la seguridad nacional y deberán aplicar como prevención preventiva oficiosa.
Ante este panorama y las modificaciones que entrarán en vigor en 2020, hoy las empresas están obligadas a fortalecer sus áreas de auditoria interna y evaluación de riesgos, así como la prevención de lavado de dinero; todo ello, en favor de dar cabal cumplimiento a las normas establecidas por la ley y prevenir de forma legal a sus organizaciones.
Fuente: elempresario.mx