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El lavado de dinero es una actividad derivada de diversos ilícitos, uno de ellos, la corrupción, del cual todavía falta un entendimiento en el sistema financiero, por lo que la autoridad está por emitir una guía para que las instituciones financieras tengan un mejor entendimiento y sepan cómo debe de abordarse con el fin de que no sean utilizadas como medios de blanqueo.
De acuerdo con Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), abordar el tema de corrupción y lavado de dinero proveniente de este delito en el sistema financiero es una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) derivada de su última evaluación a México, en la cual observó áreas de oportunidad en esta materia con el fin de que el país refuerce su lucha contra el blanqueo de activos.
“La corrupción es uno de los delitos que genera evidentemente una ganancia ilícita que tiene que ser blanqueada o lavada y una de las fórmulas para hacerlo es a través del sistema financiero”, explicó el funcionario en el marco de su participación en el encuentro Anual de Cumplimiento 360.
García-Rojas Castillo reconoció que aunque el sistema financiero mexicano tiene una buena comprensión de los riesgos de lavado de dinero derivado de delitos propios de la delincuencia organizada, como el tráfico de drogas, a éste todavía le falta un mejor entendimiento del tema de la corrupción.
En este sentido, el funcionario acotó que lo que busca la guía que próximamente se emitirá es que las entidades financieras tengan un mejor entendimiento del tema, para realizar las medidas correspondientes que reduzcan el riesgo de ser medios de lavado de dinero.
Hace algunos días, representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos detallaron que la corrupción tiene un costo para la economía mexicana entre 5 y 10% del Producto Interno Bruto.
Fuentes conocedoras de la evaluación que el GAFI realizó a México indicaron que uno de los temas que causó ruido a los evaluadores fue el de los escándalos de corrupción que involucraban a exgobernadores, como el de Javier Duarte de Veracruz, por lo que pidieron una explicación de por qué las instituciones financieras no detectaron operaciones que involucraban recursos mal habidos por parte de los exfuncionarios.
La respuesta de las autoridades mexicanas, según las fuentes, fue que no necesariamente los nombres de los exgobernadores tenían relación con dichas operaciones, y pese a que las instituciones deben de tener controles específicos en materia antilavado con funcionarios de esta naturaleza, se presume que utilizaron empresas fachada o fantasma para poder blanquear los recursos y que así no se detectaran estos actos de corrupción.
En este sentido, García-Rojas Castillo precisó que la guía para abordar la corrupción en el sistema financiero busca que las instituciones analicen de forma más amplia la relación que pudiera tener el comportamiento de funcionarios públicos, que en la terminología de prevención de lavado se conoce como personas políticamente expuestas (PEP), con posibles actos de blanqueo de capitales vinculados con empresas fachada o fantasma.
“La guía busca dar de alguna forma ciertas pautas a la administración de las instituciones financieras, a sus áreas de cumplimiento, para que la vulnerabilidad de las operaciones sea analizada desde una perspectiva no únicamente de una PEP (...) pues a veces las PEP no necesariamente son las beneficiarias directas de los flujos ilícitos, sino que se hace por medio de empresas fantasma”, comentó.
El funcionario de la CNBV, quien dijo desconocer si seguirá en el organismo luego del cambio de administración, enfatizó que si se utiliza dicha guía por las instituciones financieras, el procedimiento subsecuente será responsabilidad de cada una de ellas, el cual puede derivar en medidas como aplicar mitigantes para reducir el riesgo o, si así lo deciden, cancelar la cuenta correspondiente.
“Resultará en lo que cada una de las instituciones determine ya que tienen diferentes medidas de atención al riesgo, en algunos casos implicaría el cierre de la cuenta, porque así dice su política, en otros casos sería hacer una debida diligencia fortalecida y eliminar ese riesgo que se detectó”, expuso.
Piden poner atención en operaciones financieras
Organizaciones sin fines de lucro, potenciales para financiar terrorismo
Aunque en México no hay una amenaza seria de terrorismo, o financiamiento a este ilícito, en lo que las instituciones financieras deben poner atención para la prevención del mismo es en las operaciones financieras que realizan las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) hacia o desde países donde este problema es mayor, indicó Jessica Núñez, quien es parte del equipo de la consultoría GMC360.
Núñez explicó que el mayor riesgo que enfrenta México en materia de terrorismo es que puede ser utilizado por los terroristas como un medio para llegar a Estados Unidos, debido a la porosidad de la frontera, tal y como lo indicó la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en el 2016.
“No hay un riesgo latente de financiamiento al terrorismo o terrorismo como tal en México (...) tal vez no tenemos riesgos de explosiones de bombas o ataques parecidos al de las Torres Gemelas en Estados Unidos, pero sí podemos ser utilizados como medio para llegar hacia Estados Unidos. Ése es nuestro mayor riesgo, por la porosidad en la frontera”, comentó la especialista.
De acuerdo con la ENR, los altos volúmenes de movimientos de mercancías y personas en la frontera norte del país facilitan el ocultamiento de recursos humanos o materiales que pudieran ser utilizados con fines terroristas.
En este contexto, Núñez apuntó que derivado de una guía recientemente emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se señaló que un foco de riesgo para financiar actividades terroristas son las operaciones que realizan las OSFL, principalmente hacia o desde países en los que sí existe esta problemática de terrorismo.
Núñez comentó que tanto las entidades financieras como las actividades vulnerables deben de ser conscientes de la realidad del país y de la región donde operan, con el fin de detectar los problemas que pudiesen derivar en mecanismos para ser utilizados como medio para lavar dinero o financiar actividades terroristas. (Fernando Gutiérrez)