El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, al cual México pertenece, dio a conocer el inicio de una estrategia a fin de analizar y mitigar las consecuencias no deseadas de la implementación de sus estándares a nivel mundial.
De acuerdo al organismo, serán 2 fases del proyecto en las que busca resolver consecuencias claras que han detonado a partir de la implementación de sus 40 recomendaciones antilavado, como lo son la eliminación de riesgos, la exclusión financiera, el bloqueo al sistema financiero para las organizaciones sin fines de lucro y las amenazas a los derechos humanos.
En varias partes del mundo se ha señalado que la implementación de las medidas del organismo ha provocado diversas problemáticas. Ante este contexto, se busca investigar y recopilar información al respecto, para con ello anunciar posibles soluciones.
Para el tema de la eliminación de riesgos, se apuntó que ésta limita de manera sustancial el acceso a servicios financieros y afecta principalmente a organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios de transferencias monetarias y relaciones abiertas de la banca corresponsal.
Otro de los puntos es la exclusión financiera, donde se niega el acceso a servicios financieros básicos por la reglamentación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Por último, en el tema de derechos humanos, el GAFI apunta a las amenazas de los mismos. Esto derivado del uso indebido a los estándares del GAFI para promulgar, justificar o implementar leyes que pueden violar derechos como el debido proceso o el derecho a un juicio justo.